Desde que nuestra Comunidad Autónoma asumiera las competencias en materia de asistencia y bienestar social, ya desde la aprobación del texto originario del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias por Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, varias han sido las regulaciones que se han ido sucediendo en materia de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de servicios sociales.

  Así, el Decreto 62/1988, de 12 mayo, en desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril, de Servicios Sociales, estableció una primera regulación autonómica de las condiciones y requisitos higiénico-sanitarios, si bien solo respecto de las residencias de mayores.

  Catorce años mas tarde, y como consecuencia de las nuevas necesidades que habían ido surgiendo al compás del progresivo desarrollo de la red de centros y servicios sociales, tanto de titularidad pública como privada, se hizo necesaria una normativa que actualizara la regulación de las residencias de mayores y ordenara los distintos tipos de centros de servicios sociales que habían quedado al margen del Decreto 62/1988, de 12 mayo. Así, se dictó el Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprobaba el Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales, que pretendía una primera regulación integral de todos los centros de servicios sociales, incluyendo a aquellos concebidos para las personas con discapacidad y para la infancia y adolescencia e introduciendo la acreditación como estadio superior de calidad en la prestación de servicios por parte de los centros privados.

  No obstante, los profundos cambios normativos habidos desde entonces, tales como la promulgación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales o la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, han generado un escenario sustancialmente distinto al que contemplaba el Decreto 79/2002.

  En efecto, la instauración del Sistema de Autonomía y atención a la Dependencia ha influido, en gran medida, en la obsolescencia del Decreto 79/2002, incorporando la necesidad, no prevista en éste, de crear un Registro que incluya a centros pero también a servicios de carácter social, imponiendo la adaptación del régimen de acreditación al concepto que de ésta maneja la Ley 39/2006 y a los efectos que le atribuye, y determinando el sometimiento de los servicios de carácter social al régimen de autorización administrativa y de acreditación para garantizar unos estándares de calidad adecuados en la prestación de los mismos a personas dependientes.

  El reglamento que ahora se aprueba, pretende igualmente atender a las obligaciones que impone la Directiva 2006/123/CEdel Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, suprimiendo el carácter temporal que, hasta ahora, tenían tanto la autorización administrativa como la acreditación de los centros, y eliminando algunos trámites para facilitar la libertad de establecimiento de las empresas, como la autorización previa para ejecutar proyectos de obra, que se sustituye por el visado del proyecto, manteniendo la autorización para su puesta en uso.

  El régimen de autorización previsto en este reglamento, cumple lo establecido en el artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, al concurrir las siguientes condiciones:

  El texto ha sido sometido al examen del Consejo Asesor de Bienestar Social, Consejo de Personas Mayores, Consejo Asesor de la Discapacidad, Consejo Económico y Social y cuenta con la conformidad de dichos órganos asesores.

  En su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda y al amparo de lo establecido en el artículo 10.1.24 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, artículo 42 y 43 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, el artículo 25.h) de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y artículos 32 a 34 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, y previo acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de mayo de 2011,

DISPONGO

  1. La evaluación periódica de la calidad en la prestación de los servicios será obligatoria para los centros o servicios sociales que hubieren obtenido la acreditación, así como aquellos que perciban ayudas, subvenciones o cualquier otro tipo de medida de fomento por la prestación de servicios sociales con cargo a los Presupuestos del Principado de Asturias, conforme a los requisitos y condiciones que se determinen reglamentariamente.

  2. También deberán someterse a evaluación periódica de calidad las personas físicas o jurídicas que contraten con la Administración del Principado de Asturias la prestación de servicios sociales o la gestión de centros y servicios de igual naturaleza, en los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente.

  3. El desarrollo reglamentario a que se refieren los apartados anteriores se efectuará en el plazo máximo de 3 años desde la entrada en vigor del presente decreto. En tanto no se produzca éste, no será exigible la evaluación periódica de la calidad.

  1. Excepcionalmente se podrá conceder autorización administrativa o acreditación, aún cuando el centro o servicio no cumpla todos los requisitos que en cada caso se exijan, y siempre que dicho incumplimiento lo sea por motivos jurídicos o arquitectónicos referidos a las condiciones estructurales del edificio en el que se ubique, de éste no se derive riesgo para la salud o seguridad de las personas usuarias y concurran razones de interés social para el funcionamiento del centro que queden debidamente acreditadas en el expediente administrativo que se tramite al efecto.

  Para el otorgamiento de la citada autorización o acreditación se verificará el cumplimiento de las siguientes condiciones:

  Examinada la documentación aportada, se someterá el expediente a la consideración de una comisión de valoración formada por la persona titular del servicio competente en materia de inspección de centros y servicios sociales, que actuará como presidente/a, un técnico/a de la inspección de servicios sociales, que actuará como secretario/a, y tres vocales, dos designados entre el personal funcionario adscrito al servicio competente en materia de personas mayores, discapacidad, menores y familia o inclusión social, según el caso, y uno entre el personal funcionario adscrito a la inspección de servicios sociales. Dicha comisión formulará la propuesta de resolución, que será elevada a la consideración del/la titular de la consejería competente en materia de bienestar social, quien, a la vista de dicha propuesta y ponderando la entidad de los requisitos no cumplidos y el interés social presente en el funcionamiento del recurso, resolverá de manera motivada.

  En todo caso, la imposibilidad del cumplimiento de determinados requisitos u obligaciones no eximirá del cumplimiento del resto de las prescripciones establecidas en la normativa de aplicación.

  2. Por razones de utilidad pública, la consejería competente en materia de bienestar social podrá autorizar, con carácter experimental, servicios y centros no regulados en este decreto que supongan modalidades alternativas e innovadoras de atención, por un plazo máximo de 2 años. Transcurrido dicho plazo la Administración procederá a una evaluación cualitativa del servicio y si resultara que la actividad desarrollada constituye una alternativa adecuada y viable, se deberá proceder a la regulación de los requisitos materiales y funcionales que le correspondan.

  Los centros y servicios sociales de titularidad privada no incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 79/2002, de 13 de junio, que se encuentren funcionando a la entrada en vigor del presente decreto deberán solicitar la oportuna autorización y adecuar sus condiciones organizativo-funcionales y materiales en el plazo de dos años desde que entre en vigor la normativa que establezca tales condiciones. En todo caso, deberán subsanarse de forma inmediata las deficiencias que pudieran afectar a la salud o seguridad de las personas usuarias.

  Los expedientes administrativos relativos a centros de servicios sociales que hubieren solicitado la autorización previa para la ejecución de obras o la acreditación con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, se tramitarán de acuerdo con lo establecido en el Decreto 79/2002, de 13 de junio, y en su normativa de desarrollo.

  En todo caso, estos centros deberán ajustarse a las condiciones organizativo-funcionales y materiales que se establezcan en la normativa de desarrollo del presente decreto en el plazo establecido en la disposición transitoria primera.

  1. Los centros autorizados con arreglo al Decreto 79/2002, de 13 de junio, e inscritos en el antiguo Registro de centros de servicios sociales, se integrarán automáticamente en el Registro de entidades, centros y servicios sociales del Principado de Asturias.

  2. Los centros que, a la entrada en vigor del presente decreto dispongan de autorización administrativa de funcionamiento y/o acreditación conforme al Decreto 79/2002, de 13 de junio, se considerarán autorizados y/o acreditados con carácter indefinido.

  En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente decreto, la consejería competente en materia de bienestar social dictará las correspondientes resoluciones otorgando carácter indefinido a las autorizaciones y acreditaciones concedidas a los centros al amparo de la normativa anterior y adaptándolas a la clasificación de centros y servicios establecida en el reglamento que aprueba este decreto.

  3. No obstante lo anterior, los centros a que se refiere el apartado anterior deberán cumplir los requisitos organizativo-funcionales y materiales que, para la autorización y acreditación de cada tipo de centro o servicio, se establezcan en la normativa de desarrollo de este decreto en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de dicha normativa.

  En tanto transcurra dicho plazo continuarán vigentes y les resultará de aplicación, transitoriamente, lo dispuesto en los artículos 4 a 59 y 75 a 87 del Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales, así como cualesquiera disposiciones administrativas de carácter general dictadas en su desarrollo, salvo en aquello que les resultare más gravoso.

  1. Transitoriamente, en orden a facilitar la implantación de una red de centros acreditados y durante los 4 primeros años de vigencia del presente decreto, los centros podrán ser objeto de acreditación parcial en aquellas partes de sus instalaciones que, por su diferenciación e individualización del resto de las dependencias, constituyan una unidad organizada funcional y materialmente para la prestación de servicios a personas dependientes.

  En este caso, el cumplimiento de los requisitos de acreditación se exigirá respecto a dicha unidad para dependientes.

  2. Expirado el plazo a que se refiere el párrafo anterior, solo cabrá la acreditación o no de la totalidad de las instalaciones de un centro.

  Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria tercera, punto tercero, se deroga el Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales, y los artículos 25 a 28 del Decreto 93/2005, de 2 de septiembre, de los Puntos de Encuentro Familiar en el Principado de Asturias.

  Sin perjuicio de lo señalado en la disposición transitoria tercera, quedan asimismo derogadas, a la entrada en vigor del presente decreto, las disposiciones de igual o inferior rango emanadas de los órganos de la Comunidad Autónoma que se opongan a lo previsto en la misma.

  El presente decreto se dicta en uso de la competencia exclusiva que, en materia de asistencia y bienestar social, atribuye el artículo 10.1.24 de la Ley Orgánica 7/1981 por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y en uso de la habilitación establecida en el artículo 42 y 43 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.

  Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia de bienestar social a dictar cuantas disposiciones sean necesarias en aplicación y desarrollo de la presente norma y, en especial, para la concreción de los requisitos básicos de funcionamiento y acreditación de los centros y servicios sociales y para el establecimiento de requisitos adicionales.

  No obstante, y dada la repercusión social y económica de estas disposiciones, en el curso de su tramitación administrativa y como trámite último inmediatamente anterior a su aprobación, se recabará el visto bueno del Consejo de Gobierno a su contenido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25.z) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno.

  Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 17 de mayo de 2011.—El Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.

REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN, ACREDITACIÓN, REGISTRO E INSPECCIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

CAPÍTULO I

  1. El presente reglamento tiene por objeto establecer el régimen de autorización administrativa, acreditación, registro e inspección de los centros y servicios sociales.

  2. El ámbito de aplicación del presente reglamento se extiende a los centros y servicios definidos en los artículos 3 y 4 y a cualesquiera otros que pudieran establecerse y cuya actividad principal sea la prestación de servicios o asistencia social, ya sean de titularidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, y que desarrollen su actividad en el ámbito territorial del Principado de Asturias, así como a los titulares de los mismos.

  3. Quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento:

  1. Alos efectos del presente reglamento se entiende por entidad de servicios sociales toda persona física o jurídica legalmente constituida, de naturaleza pública o privada, con o sin ánimo de lucro, titular de uno o varios servicios y/o centros de servicios sociales.

  2. Centro de servicios sociales es la unidad orgánica y funcional, dotada de una infraestructura material con ubicación autónoma e identificable, donde se desarrollan las prestaciones o programas de servicios sociales.

  3. Un servicio de carácter social se define como toda actividad organizada técnica y funcionalmente, de carácter general o especializado, cuyo objeto principal sea la asistencia social prestada con carácter regular y permanente, ya sea por una persona física o jurídica, sin que dicha prestación deba ofrecerse necesariamente en un centro.

  4. Son condiciones organizativo-funcionales todas aquellas que afecten a la organización y funcionamiento del centro tales como las relativas a personal, dirección y organigrama del centro, plan general de intervención, coste de los servicios, reglamento de régimen interior, metodología y procedimientos de trabajo, régimen de visitas y sistemas de participación.

  Asimismo, las condiciones materiales se refieren al emplazamiento y edificación del centro, instalaciones y servicios, dependencias y adecuación ambiental.

  5. Se entenderá por cese voluntario de un centro o servicio aquel cuya duración máxima sea de 6 meses y por cierre voluntario el que exceda dicho periodo, con los efectos, en éste último caso, de los artículos 15.1 y 25.6 del presente reglamento.

  2. Son centros para personas mayores:

  3. Son centros para personas con discapacidad y/o dependencia:

  4. Son centros de atención de menores y familia:

  2. Son servicios de carácter general: los de información, orientación y asesoramiento en materia de derechos, recursos y prestaciones sociales.

   3. Son servicios para personas mayores:

  4. Son servicios para las personas con discapacidad y/o dependientes menores de 65 años:

  5. Son servicios para los menores y la familia:

  6. Dentro de la categoría de otros servicios se incluyen:

  Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en virtud de resolución judicial o en el caso de menores o personas legalmente incapacitadas, el acceso y permanencia de las personas usuarias en los centros y servicios regulados en este reglamento será estrictamente voluntario debiendo estos manifestar de forma expresa y escrita su conformidad.

CAPÍTULO II

  1. Los titulares de centros o servicios privados requerirán de previa autorización administrativa para:

  2. No estará sujeta a autorización administrativa:

  3. El régimen de autorización administrativa previsto en este reglamento, se establece sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones o licencias, de competencia de otras administraciones, organismos o entidades públicas, que puedan resultar exigibles. En particular, aquellos centros de servicios sociales que en la totalidad o parte de sus instalaciones incluyan dependencias y medios técnicos y humanos que, conforme al artículo 2.1 del Decreto 53/2006, de 8 de junio, por el que se regula la autorización de centros y servicios sanitarios, puedan calificarse como centro o servicio sanitario habrán de obtener la previa autorización sanitaria para el funcionamiento de dichas dependencias.

  1. Deberán ser objeto de comunicación a la consejería competente en materia de bienestar social:

  2. Al escrito por el que se comuniquen las circunstancias descritas en el apartado anterior se acompañará la siguiente documentación e información:

  3. El encargado del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales procederá a la práctica de la correspondiente anotación de las circunstancias comunicadas en el plazo de 10 días desde su comunicación.

  1. Los centros y servicios sociales de titularidad privada deberán cumplir, para la concesión de la autorización de funcionamiento, los requisitos y condiciones que, con carácter básico, se establecen en los artículos siguientes, así como aquellos otros que, en desarrollo de este reglamento, pudieran establecerse. La autorización se entenderá condicionada al mantenimiento de las condiciones y requisitos necesarios para su otorgamiento.

  2. Los centros y servicios sociales de titularidad pública, pese a no estar sometidos al régimen de autorización administrativa, deberán igualmente cumplir las condiciones materiales y organizativo-funcionales señaladas en los artículos siguientes. Aestos efectos, deberán someter los proyectos de obra o de reforma de los centros y los de establecimiento de servicios a informe del servicio competente en materia de inspección de centros y servicios, que tendrá carácter preceptivo y vinculante. Igualmente, deberán comunicar al órgano encargado del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales todos los datos registrales necesarios para su inscripción dentro del plazo de un mes desde su puesta en funcionamiento.

  3. No obstante lo anterior, para el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar y del servicio de encuentro familiar asociado al mismo se exigirá el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 a 24 del Decreto 93/2005, de 2 de septiembre, de los Puntos de Encuentro Familiar en el Principado de Asturias o normativa que lo sustituya.

  1. Estarán situados en zonas salubres y consideradas no peligrosas para la integridad física de las personas usuarias, que garanticen un fácil acceso a los mismos y su comunicación mediante transporte público con la zona céntrica del concejo.

  El acceso a las instalaciones ha de ser posible mediante calzada para vehículos y viales de uso peatonal o en su defecto, firme sólido y regular en suficiente anchura para el paso simultáneo de vehículos y personas de forma que permita el tránsito de las personas usuarias con dificultades o limitaciones en su movilidad.

  2. Cada centro de servicios sociales constituirá una unidad funcional independiente, bien ocupando la totalidad de un edificio, bien una parte independizada del mismo, y deberá disponer de las estancias, espacios y dependencias adecuadas para la correcta atención de las personas usuarias que se establezcan en la normativa de desarrollo de este reglamento.

  3. Todos los centros, salvo los destinados a menores y personas con discapacidad, deberán estar debidamente identificados mediante rótulo o placa fija bien visible en su entrada o acceso principal desde la vía pública. El tamaño mínimo será de 40 x 40 centímetros y dicha identificación reflejará como mínimo:

  4. Los centros de servicios sociales deberán estar adaptados física y funcionalmente a las condiciones de las personas usuarias así como a los servicios y programas que en los mismos se desarrollen.

  Los centros de nueva planta, y aquellos ya existentes que se reformen de manera sustancial, cumplirán con lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, en los ámbitos urbanístico y arquitectónico y en el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ésta.

  En todo caso, los centros para personas mayores y los centros para personas con discapacidad física u orgánica, con pluridiscapacidad o con discapacidad intelectual que limite su movilidad, y que desarrollen actividades en más de una planta o no presenten buena accesibilidad desde el exterior deberán de disponer de, al menos, un ascensor que reunirá los requisitos establecidos en la normativa sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, observándose, en especial, la presencia de botonera baja adaptada y puertas telescópicas.

  Adicionalmente, si se trata de centros de alojamiento destinados a las personas usuarias descritas en el párrafo anterior que tuvieren una capacidad superior a 60 personas y cuya actividad residencial se realice en más de una planta o presenten dificultades de acceso desde el exterior, existirá un segundo ascensor con las características descritas anteriormente, que, en el caso de los centros de alojamiento para personas mayores será de tipo porta-camillas.

  En los restantes centros la existencia de ascensor se supeditará a las necesidades de las personas usuarias.

  5. Las diferentes instalaciones y servicios que integran el conjunto de equipamientos de los centros de servicios sociales deberán cumplir con las especificaciones técnicas, de mantenimiento y requisitos que para cada uno de ellos estipule la normativa sectorial aplicable. En todo caso:

  No obstante lo anterior, y siempre que su superficie construida no exceda los 250 metros cuadrados, podrá sustituirse la obligación de contar con plan de autoprotección por la adopción de las recomendaciones que, a tal efecto, establezca la consejería u organismo competente en materia de protección civil en los siguientes centros:

  7. Los centros de servicios sociales, deberán tener contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil con las siguientes coberturas mínimas de riesgo:

  1. Recursos humanos: Los servicios deberán contar con el personal necesario y debidamente cualificado para la atención de las personas usuarias a que se dirigen, cuyo número, categorías y titulaciones profesionales exigibles se concretarán en la normativa de desarrollo de este reglamento en función de la tipología, intensidad de la prestación de cada recurso y programas que desarrollan.

  En todo caso, los servicios contarán con un/a director/a o responsable con titulación universitaria y formación complementaria en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, familia, menores, puericultura, inclusión social o dirección de centros de servicios sociales, según la naturaleza del servicio, salvo en los puestos ya ocupados a la entrada en vigor de este reglamento, en los que el director o directora podrá sustituir la titulación universitaria por un mínimo de 3 años de experiencia en puestos de dirección o gerencia del tipo de centro de que se trate.

  Igualmente, los servicios que cuente con 50 o más trabajadores/as emplearán a un número de trabajadores/as con discapacidad no inferior al 2 por 100 de la plantilla o, en su defecto, cumplirán con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad, y demás normativa de aplicación.

  2. Recursos materiales: Los servicios deberán disponer de los medios materiales que permitan una adecuada puesta en práctica de los programas que desarrollen, y que se concretarán, para cada tipo de servicio, en la normativa de desarrollo de este reglamento.

  3. Documentación y procedimientos de trabajo:

  1. Las obras de edificación de un centro de servicios sociales de nueva planta, así como las de ampliación, reforma o modificación sustancial de las condiciones materiales o arquitectónicas de los centros ya existentes requerirán, en garantía de su adecuación a la normativa vigente, el previo visado del proyecto por la Inspección de Servicios Sociales para su ejecución.

  2. A estos efectos, la entidad o persona que pretenda la edificación de un centro de servicios sociales presentará la oportuna solicitud en modelo normalizado a la que adjuntará la siguiente documentación complementaria:

  La solicitud podrá igualmente cursarse por los medios telemáticos que la administración establezca al efecto y en las condiciones que se determinen.

  3. Si la solicitud no reuniera los requisitos mínimos para su tramitación o no se acompañara toda la documentación exigida, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane las deficiencias o aporte los documentos requeridos, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido del procedimiento, previa resolución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

  4. Aportada toda la documentación exigible, la Inspección de Servicios Sociales procederá al estudio de la adecuación del proyecto de centro presentado a los requisitos exigibles, pudiendo recabar de la persona solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquel, al amparo del 71.3 de la citada Ley 30/1992.

  5. Una vez comprobada la adecuación del proyecto a la normativa vigente, y corregidas, en su caso, las anomalías detectadas, la Inspección de Servicios Sociales visará el proyecto de centro.

  El visado del proyecto habilitará a la persona solicitante para su ejecución a partir del día siguiente al de la notificación de este y en un plazo no superior a dos años.

  6. Podrá entenderse estimada la solicitud si, transcurrido el plazo de tres meses desde su fecha de presentación, no se hubiere practicado y notificado el visado o no se notificare la resolución de denegación del mismo.

  1. Para la primera apertura de un centro privado o de la parte del mismo que hubiere sido objeto de modificación sustancial, así como para la puesta en funcionamiento de los servicios de titularidad privada, deberá formularse la oportuna solicitud de autorización administrativa, en modelo normalizado, al que acompañará la siguiente documentación:

  2. Si la solicitud no reuniera los requisitos mínimos para su tramitación o no se acompañara toda la documentación exigida, se requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane las deficiencias o aporte los documentos requeridos, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido del procedimiento, previa resolución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la citada Ley 30/1992.

  3. Una vez valorada la documentación inicialmente aportada y la complementaria que fuere requerida, la Inspección de Servicios Sociales procederá a verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos para la autorización del centro o servicio efectuando, en su caso, la oportuna visita de inspección de cuyo resultado se levantará acta.

  A la luz de las actuaciones practicadas el/la inspector/a actuante formulará el correspondiente informe-propuesta.

  4. El expediente completo, se elevará a la consideración del/la titular de la consejería competente en materia de bienestar social que resolverá sobre la autorización o no del centro.

  5. Las solicitudes de autorización de los centros y servicios podrán entenderse estimadas si, en el plazo de cuatro meses desde la presentación de ésta, no se hubiere notificado la resolución de concesión o denegación de la autorización administrativa.

  No obstante lo anterior, las solicitudes de autorización de los servicios de información, orientación y asesoramiento en materia de derechos, recursos y prestaciones sociales, asistente personal, ayuda a domicilio, teleasistencia y servicios de promoción de la autonomía personal podrán entenderse estimadas si, en el plazo de un mes desde la presentación de ésta, no se hubiere notificado la resolución de concesión o denegación de la autorización administrativa.

  1. Se podrá conceder autorización administrativa sometida a condición cuando, no cumpliendo el centro o servicio con todas las condiciones materiales y organizativo-funcionales exigibles, exista la necesidad social de la puesta en funcionamiento de dicho recurso, las deficiencias no afecten a la seguridad o salud de las personas usuarias y se haya emitido informe favorable de la inspección de servicios sociales y de la unidad administrativa competente en materia de mayores, discapacidad, infancia, familia o inclusión social, según los casos.

  2. La autorización condicionada indicará las deficiencias observadas y el plazo para proceder a su corrección que en ningún caso podrá ser superior a un año.

  3. En el caso de que, transcurrido el plazo establecido en la autorización sometida a condición, las deficiencias indicadas en la misma no hubieren sido corregidas, se estará a lo dispuesto en este reglamento sobre la revocación de la autorización administrativa de funcionamiento.

  1. Las autorizaciones administrativas concedidas al amparo del presente reglamento se entenderán otorgadas por tiempo indefinido, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo anterior.

  2. La autorización administrativa de funcionamiento de un centro o servicio o, en su caso, la correspondiente comunicación, habilitará para la atención de las personas usuarias propias de cada centro o servicio, salvo que se trate de personas consideradas dependientes al amparo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para lo cual se precisará obtener la correspondiente acreditación.

  1. La revocación de la autorización administrativa concedida se producirá por las siguientes causas:

  2. La revocación de la autorización se acordará por el órgano competente para su otorgamiento previo expediente instruido al efecto con audiencia a la persona interesada.

  3. La revocación de la autorización conllevará la obligación de cierre del centro por su titular y la cancelación de su inscripción en el Registro de entidades, centros y servicios sociales.

  1. La acreditación es el acto por el que la consejería competente en materia de bienestar social certifica que un servicio o centro de titularidad privada reúne especiales condiciones de calidad en la prestación de los servicios ofertados, y declara la idoneidad de su integración en la red de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y, en general, para desempeñar sus funciones como parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.

  2. Podrán ser objeto de acreditación los centros o servicios, de titularidad privada, previamente autorizados para la atención de personas mayores o con discapacidad.

  3. Los centros y servicios sociales para la atención de personas mayores o con discapacidad y/o dependencia de titularidad pública no estarán sometidos al régimen de acreditación, si bien, para la pres¬tación de servicios a personas dependientes, deberán observar las condiciones y requisitos de calidad y garantía en las prestaciones que se exijan para la acreditación de los centros y servicios privados.

  4. Para acceder a la condición de centro o servicio acreditado por la consejería competente en materia de bienestar social se considerarán diferentes aspectos relacionados con la atención ofrecida y el grado de calidad de los servicios prestados y derivados de una mejora manifiesta en los requisitos y condiciones de funcionamiento exigidas tanto en la dimensión física, como en la organizativo- funcional.

  1. La acreditación habilitará a los centros y servicios sociales de titularidad privada para concertar con la administración las plazas correspondientes a personas dependientes que no puedan ser asumidas por los centros y servicios públicos, así como para prestar los servicios previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

  2. Los centros acreditados tendrán acceso preferente a las subvenciones o ayudas públicas que la consejería competente en materia de bienestar social pudiera establecer.

  1. Para obtener la acreditación, los servicios y centros de servicios sociales deberán cumplir los requisitos y condiciones exigidos para su funcionamiento, los requisitos básicos previstos en los apartados siguientes de este artículo, así como aquellos otros que, en desarrollo de este reglamento, pudieran establecerse.

  2. Los centros y servicios acreditados observarán los siguientes principios de funcionamiento:

  3. Los edificios que alberguen centros de servicios sociales acreditados deberán cumplir las siguientes condiciones básicas:

  4. Para su acreditación, los servicios deberán cumplir, con carácter previo, los siguientes requisitos básicos:

  1. El procedimiento para la acreditación de los centros o servicios se iniciará a instancia de la persona interesada, mediante la presentación de la oportuna solicitud en modelo normalizado a la que acompañará una memoria explicativa y detallada acerca de su adecuación a los criterios o requisitos de acreditación que se establezcan, así como la documentación acreditativa de su cumplimiento.

  2. La solicitud podrá igualmente cursarse por los medios telemáticos que la administración establezca al efecto y en las condiciones que se determinen.

  3. Cuando la solicitud no reuniera los requisitos mínimos para su tramitación o no acompañara toda la documentación exigida, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de 10 días hábiles subsane las deficiencias o aporte los documentos requeridos, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido del procedimiento, previa resolución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la citada Ley 30/1992.

  4. Una vez valorada la documentación inicialmente aportada y la complementaria que, en su caso, sea requerida, la inspección de servicios sociales procederá a verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos de acreditación exigibles y formulará el correspondiente informe-propuesta.

  5. El expediente completo, se elevará a la consideración del/la titular de la consejería competente en materia de bienestar social que resolverá sobre la concesión o no de la condición de centro o servicio acreditado.

  Podrá entenderse estimada la solicitud de acreditación si, transcurrido el plazo de tres meses desde su presentación, no se hubiere notificado la resolución de concesión o denegación de la misma.

  6. Una vez concedida la acreditación, se dará traslado de oficio al Registro de entidades, centros y servicios sociales para la práctica de la anotación correspondiente.

  Las personas titulares o gestoras de los centros y servicios acreditados además del mantenimiento de las condiciones y requisitos necesarios para su otorgamiento, estarán obligadas a:

  1. La acreditación de centros y servicios sociales tendrá carácter indefinido, sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes.

  2. No obstante, la acreditación otorgada se entenderá condicionada al mantenimiento de las condiciones y requisitos necesarios para su otorgamiento.

  3. La consejería competente en materia de bienestar social podrá revocar la acreditación, previa tramitación del expediente administrativo correspondiente con audiencia de la persona interesada, en los siguientes supuestos:

  4. Igualmente, la persona titular del centro o servicio acreditado podrá renunciar voluntariamente a la acreditación mediante comunicación escrita a la inspección de servicios sociales, practicándose la consiguiente anotación en el Registro de entidades, centros y servicios sociales.

  5. El centro o servicio al que se hubiere revocado la acreditación o renuncie a ésta no podrá resultar nuevamente acreditado hasta trascurridos 2 años desde la revocación o renuncia.

CAPÍTULO IV

  El Registro de entidades, centros y servicios sociales, de carácter público y naturaleza administrativa, estará adscrito orgánica y funcionalmente a la consejería competente en materia de bienestar social.

  Están sujetos a inscripción en el Registro todos los centros y servicios sociales, públicos o privados, con o sin ánimo de lucro, incluidos en el ámbito de aplicación del presente decreto, así como las entidades y personas titulares de los mismos.

  1. El Registro se organiza a través del libro diario y el libro de registro.

  2. En el libro diario se anotarán, numeradas y por orden cronológico cuantas incidencias se produzcan y afecten al régimen del registro, autorización, acreditación o comunicación de entidades, servicios o centros de servicios sociales relativas a los datos que obligatoriamente han de constar en el mismo.

  3. El libro de registro se estructura en tres secciones:

  4. En las secciones del Registro podrán practicarse los siguientes asientos:

  5. Tanto el libro diario como el libro de registro podrá tener soporte informático, cumpliéndose las condiciones que establece la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, siempre que dicho soporte resulte apropiado para recoger y expresar, de modo indubitado y con adecuada garantía jurídica, seguridad de conservación y facilidad de acceso y comprensión, todos los datos que deban constar en el Registro.

  1. La inscripción de las personas o entidades titulares de centros o servicios podrá efectuarse a instancia de parte, como consecuencia de la comunicación a que se refiere el artículo 6, o de oficio cuando, no habiendo efectuado comunicación la persona interesada, resulte procedente por haberse practicado la inscripción de la autorización de funcionamiento de algún centro o servicio de su titularidad o por haberse transmitido la titularidad del centro o servicio a una tercera persona no inscrita.

  2. Recibida la comunicación a que se refiere el artículo 7, el órgano encargado del registro verificará si la documentación presentada está completa y es correcta y, en su caso, requerirá la persona interesada para que en el plazo de 10 días hábiles aporte los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere se le tendrá por desistido del procedimiento, previa resolución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71.1 de la citada Ley 30/1992.

  Una vez completa la documentación e información a facilitar por la entidad, y mediante resolución de la consejería competente en materia de bienestar social, se acordará o denegará la inscripción, dentro del plazo de tres meses a contar desde el día de la presentación de la comunicación. En caso de que hubiera transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado la resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de inscripción.

  3. Cuando la inscripción de personas o entidades titulares se efectúe de oficio, el órgano encargado del registro formulará el correspondiente requerimiento para que, en el plazo de un mes, se aporte la documentación e información preceptiva conforme al artículo 6 que no obre en poder de la administración, no procediendo a la inscripción de la autorización de funcionamiento de sus centros o servicios o a la anotación del cambio de titularidad de los mismos en tanto no se atienda dicho requerimiento.

  Aportada la documentación requerida, y previa resolución de la consejería competente en materia de bienestar social que acuerde la inscripción de la entidad o persona titular se procederá a la práctica de ésta.

  4. La inscripción de los centros y servicios sociales se realizará de oficio por el órgano encargado del registro, previa resolución de la consejería competente en materia de bienestar social por la que se otorgue la autorización administrativa de funcionamiento y se acuerde la inscripción del centro o servicio.

  5. Las sucesivas anotaciones en las hojas de registro de las entidades, centros o servicios, se realizará de oficio, cuando se trate de circunstancias conocidas por la administración como consecuencia de procedimientos administrativos tramitados ante ésta o cuando, por cualquier medio, se constate la discordancia del dato registrado con la realidad. Igualmente, podrán practicarse anotaciones a instancia de la persona interesada respecto de aquellas circunstancias que ésta tuviere obligación de comunicar a la Administración.

  Tendrán acceso al Registro aquellos documentos que recojan con exactitud los hechos o actos objeto de anotación.

  6. La cancelación de las inscripciones correspondientes a entidades procederá en el caso de extinción de la personalidad jurídica o fallecimiento de la persona física, por comunicación del interesado o comprobación administrativa de dicha circunstancia, y siempre previa resolución al efecto.

  La cancelación de inscripciones de centros o servicios de titularidad privada se efectuará, previa resolución del titular de la consejería competente en materia de bienestar social, por la revocación de su autorización de funcionamiento en los supuestos establecidos en el artículo 12.1.

  La cancelación de las inscripciones de centros o servicios de titularidad pública se practicará, a solicitud de la administración, organismo autónomo o entidad pública de la que dependan.

  El ejercicio de los derechos de acceso y rectificación de los datos incorporados al Registro de entidades, centros y servicios, se realizará conforme dispone la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

  1. En la hoja registral relativa a cada entidad o titular de centros o servicios de carácter social se incluirán, en el momento de la inscripción, los siguientes datos:

  2. Una vez practicada la inscripción, se podrán realizar las siguientes anotaciones:

  3. Con la inscripción, accederán a la hoja de registro de los centros de servicios sociales los siguientes datos:

  4. A continuación, y de manera sucesiva, se anotarán las circunstancias siguientes:

  5. El contenido de la inscripción registral de los servicios hará referencia a los siguientes extremos:

  6. Una vez practicada la inscripción, se podrán realizar las siguientes anotaciones:

  1. En el momento de la práctica de la inscripción de cada entidad o persona física titular, servicio o centro que se registre, se asignará un número de registro formado por la letra E, C o S, según se inscriban en la sección del libro de registro correspondiente, respectivamente, a entidades y personas titulares, centros o servicios, seguida del ordinal correspondiente a la inscripción que se efectúa, permaneciendo invariable durante toda la vigencia de la inscripción.

  2. La cancelación de una inscripción no habilitará para la asignación del número correspondiente a una nueva entidad, centro o servicio.

  1. La inscripción tendrá efectos desde la fecha de la resolución administrativa que la acuerde.

  2. La inscripción de entidades o personas titulares no supondrá la autorización de los servicios y centros dependientes de éstas.

  3. La actualización de los datos registrales de las entidades, centros o servicios será requisito indispensable para la celebración de conciertos o convenios con la administración autonómica y para la concesión por la misma de subvenciones o cualquier clase de ayuda en materia de servicios sociales.

 1. La persona o entidad inscrita deberá comunicar al órgano encargado del Registro, en el plazo de un mes desde la fecha en que se produzcan, todas las variaciones de los datos incluidos en su hoja de registro.

 2. Las anotaciones referidas a sanciones administrativas leves, graves y muy graves se podrán cancelar a instancia de parte una vez transcurrido uno, tres y cinco años, respectivamente, desde que sean firmes, siempre que se hayan cumplido en su totalidad.

  Dado el carácter público del Registro, el acceso a la información contenida en el mismo podrá ejercitarse por cualquier particular, en los términos y condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y con las limitaciones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por exhibición de los asientos contenidos en los libros, mediante certificaciones expedidas, previa solicitud, por el órgano encargado del mismo, o por los medios telemáticos que se establezcan.

CAPÍTULO V

 1. Los centros y servicios sociales regulados en el presente reglamento serán objeto de inspección en los términos previstos en la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 1 de febrero, de Servicios Sociales, en la Ley del Principado de Asturias 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Protección al Anciano, y demás normas de aplicación.

 2. Mediante resolución del titular de la consejería competente en materia de bienestar social se aprobará el plan anual de inspección en el que se establecerán los objetivos, líneas de actuación, acciones concretas y criterios para su ejecución y seguimiento, y se aprobarán los distintos protocolos de actuación y modelos de actas.

 3. Los planes de inspección que se aprueben garantizarán, en todo caso, una inspección completa de cada centro o servicio cada dos años a efectos de verificar el mantenimiento de los requisitos que fundamentaron su autorización y/o acreditación.

  La Inspección actuará de oficio por denuncia, orden superior o a petición razonada de otros órganos administrativos. La inspección también podrá realizarse a solicitud del propio centro o servicio a inspeccionar.

 1. El personal inspector, en el ejercicio de las funciones que le son propias, deberá actuar con arreglo a los principios de legalidad, economía, celeridad, eficacia, objetividad, transparencia e imparcialidad y deberá guardar secreto y sigilo profesional respecto de los asuntos que conozca por razón de su cargo, función y actuaciones.

 2. Las visitas de inspección deben efectuarse en presencia del titular o responsable de la entidad, servicio o centro, o de la persona que asuma sus funciones en su ausencia.

 3. El personal inspector estará provisto de un documento identificativo, que le acredite para cumplir sus funciones, en el que deberán constar su nombre y apellidos, el documento nacional de identidad y la unidad administrativa a la que está adscrito, y que exhibirá al inicio de las actuaciones que practique.

 4. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector está facultado para:

 5. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector actuará con el respeto y la consideración debidos a las personas interesadas y al público en general, informándoles de sus derechos y deberes y de los cauces efectivos para su ejercicio, de acuerdo con la normativa en materia de servicios sociales, a fin de facilitar su adecuado cumplimiento.

 1. Las personas responsables de las entidades, servicios y centros, así como sus representantes y el personal a su servicio, están obligados a facilitar las funciones de inspección, posibilitando el acceso a las dependencias, obras e instalaciones, y el examen de documentos, registros, libros y datos estadísticos, y, en general, a cuanto pueda conducir a un mejor conocimiento de los hechos y a la consecución de la finalidad de la inspección, así como a suministrar cualquier otra información necesaria para comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de servicios sociales.

  En el desarrollo de su función inspectora, la inspección de servicios sociales actuará dentro de los límites que imponen la legislación sobre protección de la intimidad, datos personales y secreto profesional, velando porque toda actuación que incida en dichos derechos se realice previa ponderación de los bienes y derechos afectados, con acceso a la información estrictamente necesaria para verificar que la asistencia recibida por las personas usuarias sea la adecuada.

 2. Los restantes órganos y organismos del Principado de Asturias están obligados a colaborar con la mayor eficacia y celeridad con la inspección de servicios sociales.

 1. Una vez realizadas las actuaciones oportunas, el personal inspector extenderá la correspondiente acta, haciendo constar, al menos, los siguientes datos:

 2. El acta será firmada por el inspector actuante y por la persona titular del centro, su representante o, en su defecto, por la persona presente en la inspección, a quién se facilitará una copia de la misma.

  Si la persona con quien se entiendan las actuaciones se negase a firmar el acta se hará constar esta negativa en la misma. Si se negase a recibir la copia del acta se hará constar también en la misma, teniéndose por practicada la notificación. En tal caso, el correspondiente ejemplar le será cursado, a efectos meramente informativos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que haya tenido lugar la visita de inspección.

 3. El personal que realice las funciones de inspección tendrá la consideración de agente de la autoridad. Los hechos constatados que se formalicen en las actas observando los requisitos legal y reglamentariamente establecidos, gozarán de presunción de veracidad sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de sus derechos o intereses, puedan aportar las personas interesadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

 1. La persona titular o responsable de la entidad, servicio o centro inspeccionado deberá subsanar, en el plazo establecido en el requerimiento que se le formule al efecto, los incumplimientos de la normativa que se hubieran detectado en el curso de la inspección.

 2. Transcurrido este plazo, la inspección procederá a visitar de nuevo la entidad, servicio o centro para verificar la adopción de las oportunas medidas correctoras.

 3. Si el personal inspector consignara en acta hechos que pudieran constituir infracciones a la normativa en materia de servicios sociales, el órgano competente iniciará el correspondiente procedimiento sancionador.

 4. Cuando, en el ejercicio de sus funciones, el personal inspector tuviere conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, falta o infracción administrativa en otros ámbitos competenciales, lo comunicará a la autoridad judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Ministerio Fiscal o al órgano administrativo competente por razón de la materia.